La transformación de la agricultura y la ganadería en Argentina y países vecinos del MERCOSUR, está relacionada con las decisiones geopolíticas tomadas en centros de poder muy lejanos al sur. Para que tales proyectos se concretaran, se establecieron estrechas alianzas, más o menos evidentes, pero eficientes en sus fines, con gobiernos nacionales y sus organismos de formación, investigación y desarrollo, colaborando estrechamente con la revolución verde desde su gestación hasta la nueva revolución biotecnológica.
Toda la estrategia direccionada por la FAO, sus consejos y/o proyectos (IFPRI; PNUD; UNEP – GEF, etc) son mas de 60 años ejerciendo “rectorado” de líneas de políticas agropecuarias y comerciales que fueron y son “financiadas” por los bancos del “desarrollo”: Banco Mundial; BID; FMI. El resultado inmediato y comprobable fue la generación de una deuda externa ilegal y confiscatoria que crece permanentemente.
En aproximadamente 30 años, el ámbito rural nacional, ha quedado sin “agricultores” que dominen el “arte” y “ciencia” de la producción de alimentos, que fuera característica heredada por generaciones, en un ecosistema de gran biodiversidad, hoy abandonada en manos de empresarios de los agronegocios, preocupados en la producción de commodities para exportación.
En este cambio la natural riqueza del territorio quedó subordinada a los dictados del mercado, dominado por la escala y los bajos costos financieros, ignorando los costos ambientales (externalidades).
La formación universitaria fue cooptada por la mentalidad de las commodities y aportes financieros de empresas de la agroindustria para claustros donde el paradigma de la escala industrial en monocultivos es dominante.
Los organismos de I & D deben mantenerse en el mismo esquema “agroexportador” para poder subsistir con recursos escasos, pero siempre con los argumentos propuestos desde FAO: terminar con el hambre del mundo, reducir el uso de agrotóxicos y demostrar que el comercio global es la solución a todos los problemas de la humanidad.
Pero la realidad argentina queda bien definida por el diario Crítica del domingo 26 de julio de 2009 que titula Ni África, Ni la India: Chaco, mostrando la imagen de un niño en avanzado estado de desnutrición en la provincia donde el monocultivo es protagonista del desmonte y desplazamiento de poblaciones más dramático del país. Lamentablemente esa realidad se verifica en las provincias “sojeras” con creciente urbanización, desempleados, alarmantes niveles de pobreza, de violencia, como consecuencia del desplazamiento de trabajadores rurales.
En este escenario se plantea en 2008 un conflicto entre organizaciones de la producción agropecuaria y el gobierno nacional, como consecuencia del incremento de la exportación de soja. A más de un año de lo que se conoce como “el problema del campo”, la sociedad nacional se manifestó en elecciones legislativas que fueron un revés para el gobierno que para muchos es consecuencia de un apoyo a la postura del llamado “campo”.
De los contrastes que hemos descrito proviene el título que le hemos dado a este trabajo, ya que trataremos de demostrar que: crecientes agronegocios han llevado al subdesarrollo, con miseria y desnutrición, a un país tradicionalmente productor y exportador de alimentos.
Esto es un escándalo.
Como ciudadano y agrónomo he sido protagonista de los procesos que han llevado a la Argentina a esta ruinosa situación. No siempre he tenido la visión y serenidad que hoy, luego de 45 años de profesión, me permiten escribir estas líneas, con el deseo de que sean útiles para que la mentalidad dominante en mi país y en el MERCOSUR se modifique y los pueblos del sur podamos mirar el futuro con esperanza de un mundo mejor.

Diseñando la política “correcta”
La producción agrícola nacional ha estado marcada por una queja permanente dentro del sector, esto es: falta de planificación oficial para la actividad que ha sido y sigue siendo la principal fuente de ingresos para el país y la base del desarrollo nacional.
Hasta la década del 60, las políticas solicitadas desde los productores eran las que corrigieran la incapacidad del mercado nacional, “demasiado chico” para absorber los permanentes excesos de producción agropecuaria, interrumpidos brevemente por algunas adversidades climáticas como la recordada época del “pan negro”, provocada por una sequía en la década del 50.
La experiencia de agrónomo, dedicado a la horticultura – actividad típicamente intensiva, en extensiones reducidas – no ha sido obstáculo para que fuera observando y caracterizando los cambios productivos, con los consecuentes efectos socioeconómicos que se vienen sucediendo desde 1964, fecha de mi ingreso al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esta actividad, es, por otra parte, ejemplo permanente de producción de excedentes, hecho que en momentos de desnutrición y hambre muchos parecen olvidar.
Los reclamos sobre planificación en la producción y destino de los productos agrícolas tenían en aquellos años mayor impulso cuando provenían de la que se dio en llamar “oligarquía vacuna”, representada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) cuyos representantes tenían más espacio en los medios periodísticos y en los centros de poder.
La ausencia de políticas de estado provoca un “vacío” que permite la implementación por “omisión” de “políticas correctas” que son diseñadas y promocionadas por centros de interés comercial.
En 1947, Nelson Rockefeller y Cargill se unen para hacer negocios en Brasil.
Rockefeller quería demostrar:
1- que el capital privado buscando lucro puede ayudar a las economías de países menos desarrollados;
2- que es un error ayudar a los pequeños productores a producir alimento local;
3- que la agricultura de subsistencia favorece el mal uso de los recursos y daña el medio ambiente (Brewster Kneen 2005).
Ese mismo año la multinacional Cargill, se instala en Argentina. Este gigante de los agronegocios, según lo expresa B. Kneen, “en toda su historia, no ha temido decirle a los gobiernos, a cualquier nivel, lo que deben hacer, tanto privada como públicamente. A veces esto se traduce en términos de desarrollo económico, a veces en condiciones humanitarias, y a menudo simplemente como un desnudo interés propio”.
Las estrategias que instalan las empresas son ideas que han sido largamente debatidas en conjunto con organismos internacionales y que luego serán canalizadas y financiadas diplomáticamente según corresponda a cada país y su situación particular. Una muestra en estos conceptos que motorizan los intereses comerciales lo da el mencionado autor en su libro Cargill, el gigante invisible: “después de 18 años como presidente y luego vicepresidente de Cargill, Robbin Johnson sostuvo: „Romper el ciclo de pobreza significa cambiar de la agricultura de subsistencia a la agricultura mercantilizada. La agricultura de subsistencia evita que crezca el ingreso de los campesinos; deja a las poblaciones fuera del sistema del comercio de los alimentos y por consiguiente los hace más vulnerables a los desastres naturales, dañando el medio ambiente a través del uso indiscriminado de recursos de las frágiles tierras‟”.
Esta concepción de “lo que debe ser” la agricultura, quiénes y cómo deben hacerla, dejan bien en claro que: “El archienemigo de Cargill es la agricultura de subsistencia, el auto-abastecimiento, la auto-dependencia, o como quiera llamarse a cualquier alternativa a estar incorporado a su creciente sistema de dependencia global”.
Pero la elaboración de las estrategias no deja escapar ningún aspecto. Así, para Cargill “La autosuficiencia... no es una respuesta práctica para la creciente necesidad de alimentos…. El comercio global es necesario para armonizar los balances de suministro regionales y mejorar la productividad de los agricultores de bajo costo en todo el mundo. Recalcando las ventajas naturales y las ganancias tecnológicas, los productores de comida eficaces pueden evitar el dilema Malthusiano... La seguridad alimentaria se traduce a menudo equivocadamente como una demanda para la autosuficiencia alimentaria”.
Este concepto global argumenta que cada país no debe producir la totalidad de sus propios comestibles básicos. De hecho, el sistema de libre comercio tiene ventajas indiscutibles sobre la autosuficiencia:
“Primero, el comercio reduce los riesgos de la cosechas deficitarias
(...)
Segundo, el comercio baja el costo de la comida dando acceso a los consumidores a los productores eficientes
(...)
Tercero, el comercio aumenta los ingresos y mejora las dietas a través de la ventaja comparativa.”
Para dar una idea del comportamiento de las multinacionales que manejan los “agronegocios” y que a mi entender está en la base misma de la revolución Verde y hoy de la revolución biotecnológica, estoy utilizando el libro de B. Kneen como referencia y “guía” de lo que el mismo autor llama estrategias transnacionales.
La primera edición en inglés de este libro data de 1995 y tuvimos el honor de hacer la traducción al español de su segunda edición, la que fuera publicada en setiembre de 2005: Gigante Invisible. Cargill y sus estrategias transnacionales.
La importancia que tiene este libro es que casi con precisión nos anticipó lo que iba a suceder en Argentina, lo que sucedió en el MERCOSUR, lo que está sucediendo y lo que sucederá a nivel global con los alimentos, y la mentada lucha contra el hambre.
En 1951 Argentina se incorpora a la FAO y, con sucesivos gobiernos, democráticos y dictatoriales, se hicieron “política de estado” los postulados de la producción a escala industrial, en particular para exportación.
Para concretar los proyectos de la revolución verde, de la revolución biotecnológica, de la captura de carbono, de los biocombustibles, y otras tantas “tecnologías de punta”, organismos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), creado en 1956, las universidades con sus Facultades de Agronomía, se alinearon en trabajos coordinados con programas como PNUD, UNEP – GEF, institutos IFPRI (International Food Policy Research Institute), centros de investigación CGIAR : 15 centros internacionales, dentro de los cuales el CIMYT, ha tenido especial relevancia en la interacción con Argentina.
En los programas de la revolución verde, los híbridos fueron el eje del mejoramiento genético en búsqueda de rendimientos, y como sucede hoy con la “fiebre” de la ingeniería genética, todo se promete que será solucionado por la inserción del “evento” milagroso. En ese entonces la búsqueda del híbrido era la meta de todo fitotecnista.
El trigo es un ejemplo de los efectos negativos de la idea de producciones masivas, de altos rendimientos a bajo costo (commodities), ya que los trigos argentinos, de excelente calidad, desarrollados y seleccionados dentro de un sistema de rotaciones agrícolas – ganaderas, de fertilidad natural, no admitían la fertilización y se “volcaban”.
En procura de mayor rendimiento se deja de lado la calidad, en particular lo referente a la elaboración de pan, a mediados de la década del 60; los cruzamientos con “sangre” mejicana, que el CIMYT impulsaba de la mano de Norman Borlaug, con apoyo de la Fundación Rockefeller –en la actualidad es invitado frecuente de AAPRESID, la Asociación Argentina de productores en Siembra Directa–, logran cultivares que aceptan fertilización sin vuelco y se aumentan los rindes, a expensas de la calidad.
Algo similar ocurrió con el maíz nacional, el famoso maíz Flint, de bajo rendimiento pero con dureza y color que lo hacían muy buscado para alimentación avícola, pues otorgaba a la carne y los huevos un color intenso por el alto contenido en beta-caroteno.
También en el maíz, a la calidad se impuso el paradigma del rendimiento –característica también de la revolución que ya predicaba estar en el camino de terminar con el hambre del mundo- y los híbridos dentados que el CIMYT imponía en sus proyectos de mejoramiento fueron mas poderosos.
No solamente la calidad “Flint” se perdió con los híbridos, sino que también los maíces híbridos, con menos rusticidad, trajeron como consecuencia la difusión del mal de Río IV, problema sanitario que era tolerado por los cultivares tradicionales como Colorado la holandesa, y hoy es una de las restricciones mas graves del cultivo (March, 1995).

El triunfo de los agronegocios
En el libro sobre Cargill, se establecen como causas de la explosiva difusión de la soja en Sudamérica a la reducción en los años 70 de la pesca de la anchoita peruana, que era hasta ese entonces la fuente de proteína barata para los establos europeos.
La necesidad de contar con una fuente de proteína a bajo costo ya estaba en los planes de contingencia de los agronegocios, de manera que, conocedores de las demandas, Cargill y sus socios aplicaron parte de la estrategia de sustitución. La soja ya venía siendo probada en Argentina en ensayos comparativos, dentro de las Estaciones Experimentales de INTA y en coordinación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
En 1965, desempeñando funciones de investigación en la EEA de Hilario Ascasubi, Buenos Aires (inaugurada en 1966), realicé conjuntamente con la Facultad de Agronomía, Cátedra de Climatología, de la Universidad de Buenos Aires, los primeros ECR de soja con riego. La favácea (entonces leguminosa) se presentaba como promisoria para incluirla en las rotaciones
como reponedora de fertilidad y por su aplicación como forrajera y oleaginosa, pero de ningún modo se pensaba en el consumo humano directo.
En 1972 soy trasladado a la EEA San Pedro, a orillas del Río Paraná, para iniciar trabajos en batata (Ipomoea batatas), donde además de unas 6.000 hectáreas de esta raíz se cultivaba diversidad de cítricos; duraznos; ciruelos; maíz dulce; arveja; frutilla; frambuesa; además de la tradicional producción extensiva en rotaciones de ciclos agrícolas y ganaderos, donde el sorgo de escoba –maíz de Guinea- se destacaba como cultivo estival.
Esta diversidad de cultivos era manejada con sabiduría por familias de agricultores de muchos años en la misma tierra, siguiendo, como era tradición, la selección y conservación de la semilla que ellos mismos producían y que denominaban haciendo referencia a su familia y alguna característica distintiva.
Así en batata existía la “Precoz de Marelli”; “Zanahoria de Cribelli”. De esta forma breve pero precisa se nos informaba cómo planificar las plantaciones según destinos. Es importante aclarar que desde siempre los brotes o plantines de batata se intercambian entre productores sin “boletas ni facturas” y en la mayoría de los casos a título gratuito. Algo similar ocurría con los frutales, el “Limón Marelli”, durazno que existe todavía (que demuestra lo numeroso de la familia Marelli y su capacidad en la selección agrícola), o el “Paccelli”, otra familia que en San Nicolás (municipio vecino a San Pedro) seleccionó este durazno como uno de los más precoces por aquellos años para dicha zona.
Estos son sólo algunos ejemplos de una vida comprometida y en contacto con el cultivo, así era el “verdadero agricultor”; “el ojo del amo” que hacía un culto de recorrer el campo varias veces por día, tomando el tiempo para detenerse planta por planta y así hacer su selección para luego incrementarla y guardarla.
Es este escenario de una región con gran biodiversidad de cultivos el que comienza a modificarse a mediados de la década que va de 1970 a 1980, y me permite considerar el fenómeno que podría denominar “el triunfo de los agronegocios”. Sucede que en el año 1962 se crea la EEA INTA San Pedro para trabajar específicamente en frutales y hortalizas, con la idea de que los cinturones verdes de Buenos Aires y el de Rosario, distantes 300 kilómetros, se irían desplazando en forma concéntrica para hacerse tangentes en San Pedro.
En los años mencionados las producciones locales son súper abundantes y los precios en general muy bajos, de manera que los agricultores comienzan a buscar nuevas alternativas.
Todo se hizo propicio para que se fuera difundiendo en la misma región el cultivo de soja, que era de tipo tradicional (no genéticamente modificada). No debemos descartar el manejo financiero que seguramente han realizado los agro-negociantes para “hacer sembrar lo que Cargill quiere”. Y lo que Cargill necesitaba era proteína barata, es decir, soja.
Es bien conocida la estrategia del comprador que, aun perdiendo dinero, hace compras (en algunos casos a futuro) de cosechas de un determinado producto para que los vecinos tomen la decisión de hacer el mismo producto con la expectativa de igualar el precio logrado por el primero. Luego vendrá la sorpresa de la súper producción y el precio al momento de la cosecha será infinitamente más bajo.
Cargill en un folleto de 1989 decía: “Cuando piensen en vender su cosecha, pueden contar con que la experiencia de Cargill les ayudará a obtener los mejores resultados. Ofrecemos alternativas flexibles en el comercio de granos para reducir los riesgos de precio e incrementar las ganancias. Si prefiere, podemos almacenar su cosecha para ayudarlo a reducir su inversión en la granja, y ofrecer su grano para la venta.”
Más allá de que las estrategias de los compradores funcionen o no, lo real fue que la soja era un rubro que tenía demanda y su sistema de cultivo era más simple. En la región del litoral norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, los agricultores comienzan a sembrar soja sucediendo al trigo, en algunos casos lenteja / soja, arveja / soja, y así van desplazando la ganadería extensiva “a campo” que formaba parte de la alternancia de ciclos ganaderos y ciclos agrícolas, que mantenía la fertilidad sin insumos externos, instalándose así un proceso de agriculturización.
Un estudio de situación conducido en coordinación con el Centro Internacional de la Papa, de Lima, Perú, a fines de 1980, nos determinó con claridad que los productores de batata en San Pedro y su zona de influencia, que promediaban 20 hectáreas dedicadas a ese cultivo, comenzaban a abandonarla.
Tanto el alto rendimiento biológico y económico de la agricultura pura, así como su simplicidad, hacen que el productor la adopte. Sin embargo, cuanto más simplificamos los sistemas agroecológicos, tanto más los hacemos vulnerables, aumentando así los riesgos. Se hace evidente entonces un grave proceso de deterioro de las tierras que se manifiesta con el “planchado”; la aparición de piso de arado; la inestable disponibilidad de nutrientes; la ruptura del control biológico de plagas y la aparición de resistencia a los herbicidas en malezas.
En lo social se acelera la desaparición de pequeñas y medianas empresas agropecuarias familiares con el correspondiente aumento de explotaciones de mayores superficies.
Para Morello y Matteucci, “la agriculturización y la degradación, pueden tomarse como un perfeccionamiento del paradigma de la Revolución Verde, ya que tienen muchos componentes en común. En ambas se construye un sistema productivo sobre simplificado, con gruesas omisiones de procesos importantes en los subsistemas socioeconómico y ecológico” (Morello, 1997). Los investigadores coinciden en que el sistema está pensado para la producción comercial a escala y no da espacio para modelos alternativos que tiendan a la “seguridad alimentaria” mediante el autoconsumo y la comercialización de excedentes.
El monocultivo de soja, que jamás formó parte de nuestra alimentación (tampoco es el alimento básico de los orientales como se nos quiere hacer creer) ni de nuestra cultura, se ha expandido como si fuera “inevitable”, como el único camino de la producción agropecuaria, y éste es también un éxito de los agronegocios que, en un panorama de ausencia de políticas de arraigo y protección, lleva a los pequeños productores a esa única salida.
El deterioro que se observa en las tierras destinadas al doble cultivo impulsa al INTA a implementar el PAC, Proyecto de Agricultura Conservacionista, para difundir prácticas de manejo que redujeran las pérdidas de tierras por erosión y un mejor aprovechamiento de la humedad en los cultivos de verano.
Es entonces que la EEA de San Pedro, originalmente destinada a la experimentación en fruti – horticultura, encuentra a sus técnicos de suelos y fertilidad realizando ensayos de siembra directa, con la rotación trigo / soja. En un principio las máquinas utilizadas eran las tradicionales de trigo a 17,5 cm entre tubos y las de maíz con surcos a 70 cm.
La situación económica de “globalización” y opción por la producción de commodities produce el desaliento de producciones tradicionales como las legumbres, que fueran actividad invernal privilegiada en la región del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, donde existían industrias del procesado de arvejas y lentejas, congeladas, enlatadas, secas, partidas y remojadas, tanto para mercado local como para la exportación, en particular a Brasil.
A comienzos de la década del 80 se acelera el abandono de los campos por parte de pequeños y medianos productores, quienes entregan su tierra a un tercero para su siembra y cosecha. En
algunos casos se trata de un vecino que va “agregando” tierra a su campo por contar con suficiente potencia de tractor y maquinaria, con mano de obra familiar, que le permite cultivar mayor superficie de tierra con igual capital inicial.
Más allá de las 500 hectáreas se necesita contar con mayor potencia de tracción para el laboreo y sembradoras de más ancho de trabajo que permitan la preparación y siembra de la mayor cantidad de hectáreas por día.
Esta demanda produce la oferta en el mercado de un tractor de industria nacional, articulado de más de 100 HP. Al aumentar la velocidad de trabajo con los implementos tradicionales de labranza como la reja y vertedera, los impactos en la estructura de las tierras se agravan campaña tras campaña.
Si a esto se le agrega las consecuencias del abandono de los ciclos de ganadería con ciclos agrícolas, encontramos que la erosión comenzó a ser preocupante en un panorama generalizado de agricultura permanente. La mayoría de los agricultores era consiente, y sigue siéndolo, de que las rotaciones con ganadería dan a su campo mayor capacidad de reponer fertilidad; sin embargo la presión por obtener mayor renta hace que opten por la agricultura permanente.
El problema más serio en malezas era el sorgo de Alepo (Sorghum halepense), para cuyo control se utilizaba una ingeniosa herramienta de acople frontal del tractor, denominada soga, que consiste en un tubo de PVC de 10 cm de diámetro con los extremos tapados formando un recipiente, en el que entra y sale a tramos constantes por el frente de avance del tractor, una soga de cáñamo.
El tubo se llena con una mezcla de glifosato en agua, de manera que la soga permanece empapada y al pasarla por encima de la soja solo tocaba el sorgo de alepo más alto que la soja.
De esta forma con sólo un litro de glifosato por hectárea se controlaba la principal maleza de los cultivos de soja en aquel momento. Esta soga se sigue utilizando en el cultivo de batata.
Es importante recordar que las sojas por entonces no eran tolerantes al glifosato y este artefacto permitía evitar el contacto del herbicida con la soja.
Para controlar otras malezas los propios agricultores habían desarrollado carpidores de fabricación casera que eran muy eficientes en escardillar y aporcar la soja que, como queda dicho, se cultivaba a 0,70 metros entre filas.
Desde los primeros ensayos quedó demostrado que una de las principales ventajas de la siembra directa era el almacenamiento de agua en el perfil, evitando la perdida de humedad durante las labranzas previas a la siembra a fines de invierno.
Dicha falta de laboreo previo a la siembra obligaba en muchos casos a un control de malezas en precosecha del trigo o presiembra de la soja y maíz; en esos lotes, como en los barbechos químicos, se utilizaba glifosato y ya aparecían como resistentes quínoa (Chenopodium sp.), enredadera (Convolvulus sp) y cien nudos (Polygonum aviculare) (Inta 1997).
De acuerdo a lo que hemos descrito, la siembra directa desarrollada sobre la base de la rotación trigo /soja utilizaba las sembradoras tradicionales. El espacio, la línea, que estaba destinada a la siembra de soja, era anulada al momento de la siembra de trigo de manera que en ese lugar no había rastrojo (restos de cosecha), lo que permitía a una máquina de uso corriente hacer una siembra correcta sin necesidad de órganos especiales de penetración en el terreno para depositar la semilla.
Desarrollos posteriores de máquinas sembradoras especiales para siembra directa, van reduciendo las distancias entre líneas, se mejoran los órganos de penetración para poder trabajar con mayor cantidad de restos vegetales en superficie. Paulatinamente aumenta el ancho de trabajo, el peso de las sembradoras y consecuentemente las mismas demandan mayor potencia de tracción.
La contundente apertura a la globalización, a partir de 1990, inclina definitivamente la balanza hacia las commodities, ya que los agricultores que hasta entonces colocaban sus productos “tradicionales” en el mercado local a un precio diferencial, sufrieron la feroz competencia de mercadería importada que muchas veces no reunía las condiciones de calidad que se le exigían a la mercadería nacional; pero el precio –no pocas veces subvencionado en origen– desplazaba al producto local.
La presión de Cargill en los centros internacionales de poder es decisoria en la incorporación de China a la OMC. Mucho antes de la caída del muro de Berlín, “el gigante invisible” había iniciado actividades en Europa del este y veía en China un mercado apetecible.
Argentina, siguiendo la apertura y desregulación impuestas por el ingreso a la OMC, experimenta despidos en la actividad industrial -la actividad textil que ya venía sufriendo la competencia extranjera, prácticamente desaparece–, la desocupación comienza a afectar el consumo y el remanente que retiene su empleo se dirige a la adquisición de productos de “segunda” y los precios deciden las compras.
Como lógica consecuencia, la desocupación comienza a experimentarse en el sector rural. Volviendo al ejemplo de la industria textil, la lana y el algodón sufren como actividades productivas un golpe del que, recién luego de la caída del gobierno de De la Rua, comienzan a recuperarse.
La proliferación de productos agropecuarios de producción “industrial” de bajo costo y calidad estándar llega también a otras actividades del sector.
En horticultura, donde junto a la aparición de los invernáculos proliferan los híbridos de tomate y en particular los denominados larga vida, que en realidad son de mala calidad culinaria pero se adaptan a la producción y comercialización global a escala. En fruticultura podemos mencionar los duraznos amarillos que carecen del sabor y el jugo de los blancos.
En ambos casos se perdió calidad al dar privilegio al rendimiento y la fácil comercialización en las góndolas de los supermercados, donde se mantienen por más tiempo.
El mundo de las commodities no es para los pequeños y medianos productores, y un funcionario de la SAGPyA al comienzo de la década anunciaba la desaparición de 200.000 productores agropecuarios, presagio que el censo agropecuario conocido en 2002 confirma.
Pero es en la actividad agrícola extensiva donde se experimenta la transformación más profunda, ya que en el marco de las commodities se consolida la actividad de diferentes figuras empresarias que toman en arriendo u otras formas de alquiler tierras de pequeños y medianos agricultores para integrar superficies de escala acorde con la idea de producción de commodities.
El impulso de las multinacionales granarias a este fenómeno de escala es fundante ya que son quienes hacen de las commodities su herramienta básica, para lo cual necesitan estimular el concepto de “ineficiencia” de los pequeños agricultores, para quienes sólo se les augura su desaparición.
Gran parte del comercio local de acopio y consignación es derivado a empresas como Cargill, muchos acopiadores regionales desaparecen ante la pérdida de posibilidades de competir y aquellos que persisten en la competencia son adquiridos por las multinacionales.
Una vez más lo descrito por Kneen en su libro se repitió en Argentina, donde los pooles han transformado las cooperativas en empresas capitalistas que ya no se ocupan de sus miembros sino de ganar dinero. Insiste el investigador canadiense que las empresas dedicadas al comercio de commodities ganan dinero de ida y de vuelta, es decir, tanto al comprar como al vender.

Todo estaba planificado
Un año antes del lanzamiento de los cultivos modificados genéticamente, la consultora americana Doane Marketing Research realizó un estudio sobre la posible aceptación de los agricultores de varios países, tratando de establecer el grado de aceptación de los cultivos RR. En Argentina la tecnología propuesta recibió el mayor grado de adhesión, superando a los farmers en EEUU (Patiño.1998).
En particular las sojas modificadas genéticamente (GM) presentaban para los agricultores argentinos ventajas. Por contar con grandes extensiones de tierra, podía obtener un producto barato, con baja incidencia de mano de obra, una commoditie altamente competitiva para exportación en la forma de aceite y expellers para alimento de ganado, en especial europeo… lo que necesitaba el agronegocio.
Resulta importante hacer notar que los rendimientos no entraban entre las ventajas de la nueva tecnología y no fueron factor influyente en la adopción de las semillas modificadas genéticamente.
Con la liberación en 1996 de la soja RR (Round up Ready), la opción por la producción de commodities toma formas definitivas por parte del gobierno nacional.
Estas liberaciones a cultivo están presentadas y fundamentadas en la “necesidad de mantener la competitividad del agro” para enfrentar las políticas proteccionistas, en especial los subsidios europeos. Es difícil encontrar alusiones a los subsidios (encubiertos o no) de los Estados Unidos.
La competitividad que se protege y asegura, es de “ese agro” que produce divisas que luego son aplicadas para el pago de la deuda externa y los planes sociales. Está claro que el pago de la deuda externa es el que impone el modelo agroexportador de commodities, marginando el desarrollo y producción local de alimentos culturalmente asociados a la soberanía alimentaria del pueblo argentino.

El conflicto campo vs. gobierno
En junio 2008 un decreto presidencial que establecía que los derechos de exportación de las commodities serían móviles, de acuerdo a su valor en los mercados internacionales, provoca en forma sorpresiva la reacción de las tradicionales cuatro entidades del sector rural: SRA (Sociedad Rural Argentina); CRA (Confederaciones Rurales Argentina); CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada) y FAA (Federación Agraria Argentina), las cuales luego de décadas de distanciamiento se unen para declarar una serie de cortes de rutas y acciones dirigidas a bloquear la concreción de dicha “retención”.
No ha sido un error utilizar dos términos como si fueran sinónimos: “derechos de exportación” y “retenciones”. En realidad para mí está aquí el nudo de un conflicto muy importante que también excede los ámbitos rurales, pues demuestra una permanente “desinteligencia” entre lo que dicen las palabras y los usos y costumbres que de ellas se hacen.
Los derechos de exportación es dinero que deben pagar los exportadores por lo que exportan. Parece todo muy claro y de aplicación sencilla; no es tan así.
En mi experiencia de técnico del INTA, tengo como cierto que el Instituto se crea por -Decreto- Ley en 1956, siendo Presidente Provisional el General Aramburu, y su Ministro de Agricultura Mercier. El INTA se crea a partir de una contribución que gravaría en 1,5% ad-valorem a los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten. Pero ya entonces tuve la certeza de que los exportadores “retenían” al recibir el producto primario por parte del agricultor ese 1,5 %, supuestamente para ser acreditado al INTA.
Es muy claro entender que si el producto fuera, por ejemplo, manzana, parte de dicha manzana puede ir al mercado interno y venderse en la frutería de la esquina de nuestra casa. Lo cierto es que “esa manzana” no pagará derecho de exportación. Sin embargo el comprador (exportador) hizo “la retención” como si fuera a ser exportada. Concretamente transformó el derecho de exportación en un derecho de producción y concretó un negocio extra, pues el productor de manzanas recibió menos por su producto y el exportador se adueñó de la diferencia.
Esta maniobra fue denunciada en particular por las agriculturas regionales quienes gestionaron salir del sistema de tales aportes para el INTA. Los avatares políticos del país hicieron que el INTA finalmente dependiera de aportes de la tesorería de la nación.
De cualquier modo, teniendo esta experiencia, resulta llamativo que quienes corten rutas y generen una verdadera división de la sociedad nacional no sean los exportadores, quienes deben pagar los derechos de exportación, sino los agricultores, quienes no deben sufrir “retenciones” para el producto que no es exportado. Pero como sucede en la soja, se les retiene al recibir el poroto de soja 35 % (la resolución 125 de junio 2008 estimaba 48,2%), aunque parte de dicho poroto será destinado a agrocombustible que sólo debe pagar 20% y, si se exportara como aceite, 27%.
Esta operatoria configura en realidad una estafa que ha sido denunciada el 29 de abril de 2008 por el Dr. Ricardo Monner Sans y el Ing. Mario Cafiero en una causa penal N 4713/2008, tramitada por el Juzgado Federal 8.
La demanda expresa que siete empresas concentran el 80% de la exportación de granos de la Argentina: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina (Subsidiaria de Noble Grain), ADM Argentina y Aceitera General Deheza, propiedad del Senador Roberto Urquía (renunció a su comisión para no votar en contra de la 125).
Lo grave es que la actual Ley de granos permite a exportadores presentar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (D.J.V.E.). Esto es con anticipación a concretar la exportación, y en algunos casos antes de comprar el producto, así congelan la alícuota de derecho de exportación y también el precio FOB de exportación.
Antes de noviembre 2007 la soja alcanzaba los máximos históricos Los mercados de futuro con tendencia estable. Los exportadores sabían que era posible el aumento de las retenciones: presentaban falsas D.J.V.E. por más de 23.000.000 de toneladas. Con las DJVE los exportadores congelaron la alícuota de retenciones en el 24%; con precio FOB en 400 U$S/Ton.
En noviembre 2007 las retenciones suben a 35%, más ganancia para los exportadores: 23.000.000 de toneladas que iban a comprar a los productores en el mercado interno a U$S400 menos el 35% de la retención vigente. Luego lo exportaban pagando el 24% de retenciones. Ganancia esperada: U$S 1.012.000.000.
De las empresas que deberían saldar la diferencia, la que más exportaciones había anotado antes del 9 de abril (sin contar con la soja) es Cargill. Inscribió ventas por 1.520.000 toneladas. Por ejemplo, el 1° de octubre de 2007 declaró 130.000 toneladas, el 4 agregó 130.000, los días 11, 12, 19, 23, 26, 29 y 31 de ese mes registró 65.000 toneladas cada vez, y así hasta llegar al 6 de noviembre, cuando sumó otras 130 mil. (Página 12, 28 de junio de 2008).
Pero volviendo a nuestra pregunta mas difícil de contestar ¿Por qué son los agricultores quienes deben cortar rutas y generar protestas por un descuento que ellos NO deben pagar? ¿No sería lógico pensar que deberían reclamar a quienes le compran el producto y le descuentan un impuesto indebido?
Pero resulta que los exportadores, como Cargill, Bunge, Dreyfus, nunca aparecieron públicamente a aclarar sus manejos financieros, y la justicia tampoco se ha expedido.
Estamos ante un escenario muy complejo, tal vez artificialmente complicado para que en la famosa “cadena agroalimentaria” el productor quede “encadenado”. Los agronegocios son “invisibles” y transfieren a los eslabones más bajos las responsabilidades, incluyendo los daños a terceros que pueden causar las pulverizaciones con agrotóxicos. Por su parte los eslabones directamente ligados a la producción en afán de mejorar su renta apelan a variadas formas de “informalidad”, es decir, trabajo no registrado que no hace los aportes correspondientes a jubilación (retiro), asistencia social, seguro, y demás cargas sociales que corresponden por ley a los empleados que se denominan en blanco; por el contrario, lo que predomina en la producción es el trabajo en negro.
Para poder mantener dicha informalidad el productor recurre a circuitos de comercialización que estén dispuestos a recibir su producto e introducirlo al circuito legal a partir de la venta, de manera que quien compra en esas condiciones pone las reglas para la transacción, es decir los descuentos.
La diversidad de combinaciones y formas contractuales que se pueden detectar en la producción nacional de commodities hacen al sector de producción primaria, absolutamente difuso, difícil de caracterizar. Lo concreto es que el dueño de una tierra, productor directo, si no supera las 500 hectáreas no puede trabajar; por el contrario, con esa superficie o menores debe “alquilar” tierra, y ese alquiler es el primer paso de la “informalidad” ya que normalmente los contratos NO se escriben, suelen ser de palabra y con arreglos “en porcentaje” de la cosecha que puede ser todo en efectivo, en grano, por adelantado o a la cosecha, y así podemos encontrar infinidad de relaciones.
En los comienzos del boom de la soja había un agricultor que por tener más extensión de tierra y maquinaria con más capacidad de laboreo era el que iba trabajando la tierras de los pequeños vecinos que se retiraban a la ciudad mas próxima con toda su familia. Por entonces los alquileres superaban todas las expectativas de rentabilidad de las producciones tradicionales y esta figura conocida como “contratista” hacía toda operatoria hasta la cosecha.
Luego los costos van en aumento y el contratista o desapareció, entregando sus tierras a los pooles de siembra, o se vio limitado a realizar parte de los trabajos de producción que los pooles manejan contratando a terceros: es así que la siembra, las pulverizaciones y la cosecha pueden ser hechas por diferentes contratistas. Es en esta “tercerización” donde se encuentra la mayoría del trabajo informal, ya que quienes prestan el servicio suelen tener empleados manejando los implementos; estos trabajadores, por lo general son temporarios y no tienen relación de dependencia.
Los pooles de siembra con personería jurídica, como Agrícola Grobo II, Chacarero II, Agrícola AGD, Fideiagro 2009 clase A, Fideiagro 2009 clase B, Faid 2011, Fondo Agrícola Inversión Directa 2007, Fondo UBS Brinson (Perfil, 29 de junio de 2008), mantienen sus “papeles” en
forma legal ya que su capital es de origen variado y los inversores demandan esa garantía. Las extensiones de tierra son superiores a las 1000 hectáreas.
Los fideicomisos o fondos de inversión con fines agropecuarios surgen en Argentina a partir de la Ley 24.441, sancionada el 22 de diciembre de 1994. En sentido amplio, el fideicomiso es un negocio mediante el cual una persona transmite la propiedad fiduciaria de ciertos bienes para que sean destinados a un negocio, descripto explícitamente en el contrato marco.
Queda bien definida la finalidad como “el contrato por el cual una persona recibe de otra un encargo respecto de un bien determinado, cuya propiedad se le transfiere a título de confianza, para que al cumplimiento de un plazo o condición le dé el destino convenido”.
Esta forma de “invertir” en la producción agropecuaria permite “aislar un patrimonio, de manera tal que el mismo se convierta en una “caja fuerte jurídica” que lo proteja de posibles acciones legales (embargos, etc.) que se efectivicen contra el fiduciante (inversor) o el fiduciario (administrador). Ofrece una mayor garantía para los inversores y mayor transparencia de los gastos (sólo los autorizados expresamente en el contrato). Permite hacer un adecuado planeamiento impositivo.
Esta figura jurídica permite el acceso a pequeños y medianos ahorristas e inversores a un negocio que requiere de una escala importante para ser rentable, por tener un nivel de costos fijos alto. Paralelamente se requiere de experiencia técnica previa y una organización administrativa y logística importante.
Esta norma legal, facilitó que mucho dinero “urbano” fuera a la actividad rural, en momentos que la actividad industrial estaba paralizada. El objetivo de los fondos de inversión no es terminar con el hambre ni están aportando un esfuerzo hacia el bien común, sino que buscan generar “economía de escala” en la actividad, produciendo una significativa disminución de los costos, aprovechando el poder de compra y pago que la inversión conjunta produce.
Estos fondos, si bien deben estar radicados en Argentina, tienen movilidad y suelen separar las siembras en diferentes provincias y hasta en otros países del MERCOSUR para disminuir los riesgos climáticos propios de la actividad, diversificando las regiones de cultivo, utilizando distintos cultivos y diferentes épocas de siembra.
Todas las ventajas que ofrecen están relacionadas a la gran escala para disminuir los riesgos de mercado (caídas estacionales de los precios) mediante la alta profesionalización de la actividad, utilizando distintas herramientas de cobertura de precios, aprovechando paralelamente las ventajas de comercializar volúmenes importantes de producción.
Obtener rentabilidades superiores a los mercados financieros en compensación al riesgo asumido.
Resguardar el capital invertido en productos cuyo precio es fijado en los mercados internacionales, con lo cual mantienen su valor en dólares en forma independiente a los vaivenes de la economía nacional.
Estos grupos no representan al sector rural, son en realidad empresas con fuerte finalidad de lucro. Es frecuente que en cada zona hagan tratos con algún propietario de extensiones importantes de tierra o ingenieros agrónomos a los que se les propone se organicen para formar un grupo o “consultora”. Son ellos los que se ocupan de buscar la tierra, hacer los arreglos del arrendamiento, manejando dinero que en principio aporta el pool que los contrató. Ejecutan el cultivo con maquinaria de terceros, la semilla generalmente la provee el pool, corriendo el cuidad técnico y las recomendaciones de tratamientos sanitarios, por cuenta de los agrónomos. Los agrotóxicos son comprados “a granel” por la central de los pooles.
Es bien conocida la realidad de que este sistema de producción a las pequeñas ciudades o poblados no les deja ningún beneficio, ya que por lo común las máquinas son itinerantes y su reparación no se hace en los talleres locales, como así tampoco se compran insumos, de manera que el comercio que tradicionalmente hacía la logística local ha ido desapareciendo. Sin embargo los fondos de inversión (fideicomisos) han involucrado a muchos inversores urbanos en la producción de commodities y esta realidad sirve para justificar los inesperados “cacerolazos” que se experimentaron en ciudades como la Capital Federal durante el conflicto gobierno–campo, con el resultado negativo para la actual administración en las elecciones legislativas.
Luego de la derrota en las recientes elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, el gobierno está luchando contra una oposición que se manifiesta en especial desde el sector rural, y este sector ha aprovechado para adjudicarse el triunfo, a pesar de que el gobierno nacional tiene adversarios que están en los más diversos estratos sociales.
El conflicto continúa, ahora con “el campo” ganando fuerza política, pero ni éste sector ni el gobierno hablan de las maniobras de las exportadoras, que para algunos analistas continúa siendo tramposa, como en el caso de exportación de harina de trigo a Brasil (cuyo operador privilegiado es Cargill), con el maíz destinado a los feed lots, y en el caso de la soja donde tanto aceiteros como productores de agrocombustible están haciendo una diferencia entre lo que compran y lo que efectivamente exportan de hasta U$S200. Soslayando esta vergonzosa realidad los “del campo”, ahora posicionados en las cámaras del Congreso Nacional, se sienten seguros de que anularán las retenciones.
Pero el conflicto, asociado circunstancialmente con una sequía que no se experimentaba hace 70 años, deja serias consecuencias: se ha desalentado la siembra de trigo; se estima que se reducirá fuertemente la superficie sembrada con maíz; al elevarse los costos de la alimentación por la sequía, se abandona la actividad lechera a ritmo de tres establecimientos que cierran por día.
Con este panorama se estima que la superficie que se destinará a la siembra de soja en la campaña 2009/ 2010 trepará a las 20 millones de hectáreas, ya que es lo que Cargill necesita y es el “encadenamiento” al que se ha sometido a los agricultores: monocultivo de soja. Como consecuencia de este modelo de simplificación de la producción, se continúa experimentando el desplazamiento de habitantes de áreas rurales hacia centro urbanos de marginación y violencia, donde la pobreza creciente se estima para 2009 en 15 millones de personas.
Es sorprendente la similitud de la realidad nacional con lo descrito en otro párrafo por Kneen quien asegura: “El proceso global en que Cargill está comprometido también puede describirse como la recreación del feudalismo, con la intención de sacar a las personas de su tierra por medio de lo que se podría describir como actos de encierro, obligándolos a convertirse en trabajadores a sueldo y en compradores de lo que antes se autoabastecían. Éste es el proceso que todavía se conoce con el engañoso nombre de progreso”.

Deterioro de los sistemas alimentarios
Hemos visto las consecuencias que produce el concepto de crecimiento indefinido, el cual se materializa con la creación en Méjico (1943) por la Fundación Rockefeller del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), o cuando se crea la F.A.O. (ONU) para mitigar los efectos del hambre causados por la segunda guerra a la que concretamente se le asignaba la tarea de ocuparse «de ese gran sector que representan las granjas, los bosques y las pesquerías del mundo, y de las necesidades de los seres humanos de sus productos».
La OMC, los agronegocios y la biotecnología ocupan el escenario en la década del 90 y la realidad es que en lugar de acabar con el hambre del mundo se ha acabado con la agricultura y,
en palabras de Ramón Vera Herrera (2007), liquidar la existencia de la agricultura y sus trabajadores se ha convertido en una cruzada : En África, las grandes compañías y famosos hombres de negocios, como Bill Gates y Rockefeller, emprenden la Revolución Verde 2.0 y la promocionan como la gran salvación para el hambre del continente con paquetes tecnológicos que lo último que buscan es la autonomía de los campesinos.
Nuestra experiencia y los datos proporcionados por FAO, nos indican que los agricultores son desplazados y sus ingresos, cuando los logran, provienen del comercio, los servicios y dinero en remesas enviadas por los que migraron a países con mayores posibilidades de empleo. De todos modos es la agricultura la principal forma de subsistencia de las familias rurales pobres.
“Lo escandaloso es que a la FAO le parezca grave que todavía vivan de la agricultura. En su visión deberían haber desaparecido: "los pobres encuentran dificultades para escapar de su situación".
El mismo R.V. Herrera indica que en este escenario “el Fondo de Población de Naciones Unidas afirma que en 2008, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial, 3.300 millones de personas, vivirán en áreas urbanas. Se calcula que serán 5 mil millones hacia 2030. Entre 2000 y 2030, la población urbana se duplicará en África y Asia”.
Hemos repetido durante más de 20 años el Informe Brundtland de Naciones Unidas para definir al desarrollo sustentable (no todos estamos convencidos que sea sinónimo de sostenible), argumentando que el crecimiento económico debe ser ecológicamente sostenible. Sin embargo, Herman Daly (1996) sostiene que la economía es un subsistema dentro de un ecosistema finito (limitado), sin crecimiento y materialmente cerrado, es decir no entra ni sale materia, de manera que utiliza el ambiente como fuente de materia y depósito de desechos.
Pero, advierte Daly: el crecimiento de la actividad humana ha ido tan lejos, que está acabando con la capacidad del ecosistema de soportar la vida humana.
Los términos: crecimiento y desarrollo, distan mucho de ser sinónimos, este autor establece la diferencia en forma concreta y concluye que el crecimiento económico indefinido es imposible. Como consecuencia “debemos abandonar el crecimiento (cuantitativo) en favor del desarrollo (cualitativo)”.
Recientemente, Joan Martínez Alier (2009) actualiza en un escrito los pronósticos de Daly y cuestiona que se siga haciendo referencia al Informe Brundtland: Sabemos sin embargo que el crecimiento económico no es sostenible ecológicamente. M. Alier es catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y explica dos razones por las cuales el crecimiento no es sostenible. Primero: La economía industrial agota los recursos y hace desbordar los sumideros de residuos. Se acerca el pico de la curva de Hubbert, a los 90 o 100 millones de barriles por día. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha estado creciendo en los años 2000 a 2 ppm por año, y a este ritmo llegaría a 450 ppm solo en treinta años más. La crisis de sobre-oferta de viviendas del 2008 en Estados Unidos, Gran Bretaña, España, financiadas por crédito fácil (deudas que crecen exponencialmente) se une a una crisis por el lado del costo de las materias primas al mantener la OPEP sus límites de extracción, al haber aumentado la demanda en la China e India, y con la ayuda de la escasez física a más largo plazo por la llegada inminente al pico de Hubbert. Por tanto, en el 2008 y 2009, las emisiones de dióxido de carbono de algunas economías disminuirán, pero la tendencia ha sido creciente en la década anterior tras Kyoto. Habría que bajar las emisiones a la mitad pero la trayectoria ha sido de aumentarlas al doble en 25 años.
En segundo lugar, la energía no es reciclable, y los materiales son reciclables en la práctica solamente en parte. De ahí la continua búsqueda de nuevas fuentes de energía y de materiales
en las “fronteras de la extracción”, para sustituir la energía y los materiales que han sido disipados y para asegurarse nuevos suministros. Eso da lugar a movimientos de resistencia en esas fronteras.
Estas fronteras, de las que habla M. Alier, las podemos visualizar en Paraguay donde los agronegocios, motorizados por empresarios brasileros, avanza sobre los pequeños agricultores con una violencia inusual. Javiera Rulli (2007) describe la realidad: “Los migrantes en las ciudades paraguayas son, casi en su totalidad, campesinos o de origen campesino”.
Oportunamente señalábamos la expulsión de agricultores, especialmente de los pequeños y medianos productores agrarios, que iban quedando fuera de la creciente escala productiva. Esta continúa siendo hoy la impactante realidad del campo argentino, realidad sacrificial de los más débiles que ha conducido a la concentración de tierras en manos de los grandes pooles, nueva forma empresarial del contratista, aunque con mayor escala de las que aquel tuviera y ahora con enormes capitales provenientes de fondos de inversión bancarios (fuera del sector agropecuario) (GRR, 2001). En los años 90 se produjo la mayor transferencia de predios agrícolas durante el siglo XX. A la par de ello se operaba la sustitución de la mayor parte de la vieja oligarquía por una nueva clase empresarial oligopólica y prebendaria. Uno de los efectos del modelo fue, tal como decíamos, la desaparición de una parte sustantiva de los pequeños productores, mientras que aproximadamente 13 millones de hectáreas quedaron embargadas por deudas con entidades del sistema financiero. A esta situación de catástrofe social agropecuaria de los años noventa deberíamos sumar la emigración masiva de los obreros rurales. Sólo en el Chaco la mecanización de la cosecha de algodón implicó, por cada máquina, un desplazamiento equivalente a 300 hombres. Los “pooles” de siembra convirtieron a los productores en rentistas de sus propios campos. Los nuevos paquetes tecnológicos que integraron siembra directa con maquinaria cada vez de mayor ancho de labor, herbicidas y sojas transgénicas de Monsanto, instalaron una agricultura sin agricultores.
Con la desaparición de pequeños y medianos productores han ido desapareciendo superficies importantes dedicadas a diversos cultivos que otrora caracterizaran la alimentación de los argentinos. Se redujo más de 44% de la superficie cultivada de arroz; más del 26,2%, de maíz; 34.2%, de girasol; más del 3%, de trigo y 10 veces la superficie de algodón. Zonas como San Pedro en la provincia de Buenos Aires perdieron el 50% de los montes frutales y plantaciones de vivero para ser reemplazadas por cultivos de soja. (Boy, 2005).
A seis años del lanzamiento de la soja RR las cifras de Costo de Vida en 2002 nos permiten cotejar la investigación con nuestros diagnósticos. Para el nivel minorista, las estadísticas de INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) muestran que los productos que más aumentaron de precio fueron:
Lentejas secas 272,7 %;
Aceite de Maíz 218,9;
Harina de trigo común 162 %;
Arvejas en conserva 157,5 %;
Batata 152,2%;
Papa 138 %;
Arroz blanco simple 130.1 %.
(Ámbito Financiero, martes 7 de enero de 2003, Pág. 4).
Un país tradicionalmente exportador de alimentos, especialmente carne bovina y trigo, ha suspendido ambas exportaciones, todo ello debido a la falta de producción nacional suficiente.
En Argentina la situación es descrita por Francisco Loewy (2002), describiendo la misma realidad y señalando la paradoja de que aún incrementando su productividad, el campo argentino se vacía de presencia humana. Languidece la mayoría de las poblaciones del
interior, mientras en los polos de concentración urbana se acumula la sociedad argentina, como su economía, en un absurdo marco de estrechez. Una sobrecarga poblacional sin espacio, sin suficientes oportunidades de trabajo ni infraestructuras que alcancen. Los costos materiales y sin duda humanos de esta problemática son muy superiores a los subsidios agrarios de los países industriales.

Biotecnología y Seguridad Alimentaria
La difusión de los eventos biotecnológicos tuvo como argumentos para su aprobación y aceptación por la sociedad: la menor utilización de agrotóxicos, luchar contra los subsidios europeos y terminar con el hambre del mundo –es importante remarcar que ya no son utilizados-. Sobre el fraude al menor uso de agrotóxicos y los subsidios europeos, no nos referiremos en esta ocasión, pero podrán encontrar numerosos documentos en www.grr.org.ar y Boy (2005).
Vamos al fundamento de terminar con el hambre del mundo, es decir que, de cumplirse esta promesa, se estaría logrando la tan preciada seguridad alimentaria, siempre con la óptica de que es necesario producir cantidad creciente de alimentos, ya que siempre se partió de la premisa que es la falta de alimentos la causa del hambre.
Por el contrario, el premio Nobel de economía de 1998, Amartya Sen (1981), demuestra, con la experiencia de su país natal, India, que el hambre no es el resultado de la falta de cantidad de alimentos, y debe ser focalizado desde la capacidad (entitlements) que las personas tienen de acceder a los alimentos.
Dentro de dichas capacidades están las posibilidades de comprarlo o de producirlo. Para ser autosuficiente debe tener, como mínimo: tierra y semillas, ejercería, en esas condiciones la soberanía alimentaria, ya que, según la propuesta de La Vía Campesina, la soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir sus propias políticas ecológicamente sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando su derecho a una alimentación nutritiva, segura y culturalmente apropiada y a un medio ambiente sano, sin dumping frente a terceros países y con pleno acceso a la tierra, al agua y a las semillas. Estas políticas deben tener como base la pequeña y mediana producción, respetando la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción y comercialización agropecuaria y de gestión de los espacios rurales, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental.
Se garantiza así la seguridad alimentaria de los pueblos, protegiendo el derecho de los agricultores a producir alimentos, y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, cómo se produce y quién lo produce. No es una demanda exclusiva del ámbito rural. La democratización de los alimentos es un derecho universal. Efectivamente, la consecución de un desarrollo rural sostenible basado en los principios de la soberanía alimentaria tiene un efecto inmediato en el aumento de la seguridad alimentaria a escala planetaria.
Al mencionar el derecho de agricultores y consumidores debemos tener en claro que estamos aceptando la interpretación secular del Iluminismo, que se trata de una licencia, excepción o privilegio otorgado por el poder, esta doctrina proviene de la concepción religiosa del “derecho divino de los reyes” que al secularizarse la sociedad quien garantiza el derecho es el estado.
La debilidad básica del concepto de derecho es que este asume una relación, un contexto en el cual el derecho tenga sentido. Para existir, los derechos deben ser reconocidos y garantizados; para ser funcionales, deben tener autoridad legal.
Hace algo más de un mes terminó en Cison di Valmarino, Italia, la primera reunión del G8 sobre agricultura, en cuya declaración final, con evidente desgano, se aceptan errores, pero que
nos sorprende al anunciar “un futuro lleno de contradicciones”. En su comunicado, Vía Campesina (www.wsftv.net) comenta al respecto: El G8 no podrá nunca aliviar el hambre en el mundo tomando decisiones a puerta cerrada, en ausencia de los actores principales del debate mundial sobre agricultura, los millones de campesinos y familias de agricultores, hombres y mujeres, que alimentan al mundo.
Vemos en esta actitud, como los gobiernos (¿estados?) han cedido ante los agronegocios. Vía Campesina marca en su escrito su rechazo a esta “privación de derechos”, enfatizando las contradicciones del comunicado final cuando dice: "los campesinos tienen que ser los principales protagonistas" suena particularmente vacía cuando la reunión de este fin de semana fue explícitamente planificada para limitar el acceso de las organizaciones campesinas y reducir su visibilidad. El G8 realizó el encuentro en un castillo aislado en las montañas y el ministro de Agricultura italiano rechazó reunirse con representantes de las organizaciones de la sociedad civil italiana e internacionales que querían expresar sus opiniones.
El propio estado Vaticano ha convocado a los agronegocios a una Semana de estudio, del 15 al 19 de mayo 2009 denominada: Plantas Transgénicas para la seguridad alimentaria en el contexto del desarrollo, con el sugestivo subtítulo “Restricciones a la introducción de la biotecnología para mitigar la pobreza”, acusando a ecologistas lobistas de impedir la solución del hambre mundial.
La biotecnología es una avanzada hacia la cooptación de “derechos” de manera progresiva e “invisible”, como lo documenta Brewster Kneen en Cargill, Gigante Invisible. Kneen, en su publicación mensual de agosto-setiembre de 2005, The Ram´s Horn, en un trabajo denominado El derecho a la alimentación, analiza el poder ejercido por las corporaciones al reclamar “Derechos de Obtentor” (Plant Breeders Rights), que es avalado por el estado, y que le quita el derecho al agricultor a guardar y multiplicar su semilla. Hoy, las corporaciones, parecen tener el poder de simplemente acotar y explotar derechos; por el contrario, los reclamos de derechos, de los menos poderosos deben ser expuestos en los estrados judiciales del poder dominante, es decir desde una posición de debilidad.
De esta manera “el derecho -afirma Kneen- se transforma en un sustituto del verdadero objeto del derecho, esto es: el derecho a la alimentación”.
El Grupo de Reflexión Rural ha ido alertando sobre las causas de la crisis nacional, la que no es “sólo” crisis del campo. En agosto de 2001: Transgénicos y Fracaso del Modelo Agropecuario; en 2003, en Estado en Construcción, donde continuamos describiendo la incidencia de “la biotecnología en los orígenes catástrofe que arrasa la Argentina” (www.grr.org.ar). Eran momentos en que los índices económicos mostraban una cierta recuperación que sin embargo no se reflejaban en una mejor distribución.
En abril de 2008, el Comité Evaluador Internacional del Conocimiento, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (IAASTD), con el aporte de 400 expertos interdisciplinarios, entre otras conclusiones favorables a formas agroecológicas de producción de alimentos expresa en su informe: Los cultivos transgénicos se usan a nivel productivo comercial principalmente en algodón, soja, maíz y canola. Las repercusiones sociales y ambientales son diferenciadas para cada uno de estos cultivos y por países de la región. La tecnología ha sido rápidamente adoptada por los productores del sistema convencional/productivista, aumentando la rentabilidad, pero en algunas regiones también ha contribuido a acentuar el deterioro social y ambiental ya referidos. Las consecuencias de tecnologías emergentes sobre las metas de sostenibilidad son todavía muy debatidas. La posibilidad de contaminación génica en algunas especies está demostrada y debe ser parte indispensable de las políticas de bioseguridad, las que al mismo tiempo deben evitar la contaminación génica de otros sistemas productivos libres de transgénicos.
Debemos recordar el hecho de que la reunión del IAASTD contó con financiación del Banco Mundial por un monto de 12 millones de dólares; dichos fondos fueron solicitados por Monsanto, empresa que ante las conclusiones a favor de la agroecología, abandonó el proyecto.
Desde nuestro punto de vista la biotecnología es la forma perfeccionada de patentamiento de las semillas, con el agravante de que por contaminación puede ocasionarnos costo adicional al soportar demandas por supuesto fraude en la compra.

RSE una nueva estrategia
Las consecuencias sociales y ambientales del modelo de la producción de monocultivos de commodities no permanecen ocultas, y las pequeñas comunidades que sufren los efectos de la pulverizaciones por tierra y aire de creciente número de agrotóxicos han comenzado a reaccionar contra los agronegocios, a quienes además relacionan directamente con los desmontes indiscriminados, el resurgimientos de plagas como el dengue, la leishmaniasis y alteraciones graves en la biodiversidad.
Es así que no deja de sorprendernos que la FAO acabe de alertar sobre las pérdidas que provocan las malas hierbas en la producción agrícola mundial, y sorprende que no se expliquen las verdaderas causas que han provocado las perdidas anuales de 95.000 millones de dólares por la proliferación de malas hierbas.
En Argentina está comprobado que el uso durante más de 15 años de una molécula química, a dosis creciente sobre monocultivos genéticamente modificados para tolerar el glifosato en siembra directa, ha presionado sobre la población de malezas generando en ellas una selección hacia hábitos rastreros y menores requerimientos lumínicos (Papa y otros, 2004).
Sin embargo, en la sociedad del conocimiento esta “externalidad” será una oportunidad para que Monsanto u otra empresa lance un nuevo herbicida y así se reiniciará la rueda de negocios con un nuevo set de agrotóxicos y técnicas infalibles.
Pero para mantener a la sociedad adormecida, acrítica y si fuera posible confiada en que los agronegocios, intérpretes del mercado, traerán la solución a cada nuevo problema creado, apareció la estrategia de formas alternativas de acción social conocida en Argentina como Responsabilidad Social Empresaria.
La RSE cuenta con el auxilio de ONGs que en los 80 recibieron el financiamiento del Banco Mundial, de los gobiernos europeos y estadounidense, y como es lógico de los agronegocios. Resulta evidente que en la medida que crece la toma de conciencia de la comunidad y de organizaciones de base que la representan en forma genuina, de igual manera se crea o crece la acción social de ONGs financiadas por los agronegocios.
La fundación Avina, inspirada, creada y financiada por Stephan Schmidheiny en 1994, es un ejemplo de lo que digo. Al respecto es recomendable leer “El caso de Avina, Ashoka y otras entidades filantrópicas. Del capitalismo y su necesidad de legitimidad para conquistar el mundo: el lavado verde, la penetración y el vaciamiento de los movimientos sociales con sus ideas de mercantilización, privatización y monetarización de la sociedad y el uso del lenguaje vacío”, trabajo coordinado por Francisco Puche (2008 y 2009).
Siguiendo su estrategia de ser invisible, Cargill hace aportes a ONGs que son las que aparecen ante la sociedad haciendo beneficencia, como es el caso de los Bancos de Alimentos de Argentina que están ligados a The Global Food Banking Network (GFN), una organización internacional contra el hambre que establece y aporta al funcionamiento de dichos bancos. El 9 de febrero de 2009, “en respuesta a la inflación de los precios de los alimentos y la crisis económica mundial”, Cargill donó 1 millón de dólares a la Red Global de Bancos de Alimentos
(GFN). Aclara la noticia que esos fondos serán destinados a comedores escolares de Argentina, Colombia, India y Sud África.
Sabemos hoy que Cargill ha sido siempre actor principal de las “corridas” en las bolsas de cereales de Chicago y el mundo, manejando mercadería virtual a la que se le asigna un valor también virtual, en los mercados a futuro.
La necesidad de mejorar la imagen pública también es el objetivo de los pooles de siembra nacionales. “Juntos construimos capital social”, anuncia la fundación del Grupo Los Grobo, así como: “El campo es identidad, cultura, tecnología, innovación y compromiso social”, y estas son “las ideas y actividades solidarias llevadas adelante desde sus orígenes por Grupo Los Grobo apostando al desarrollo de las comunidades rurales”.

Conclusiones
Este trabajo lleva la esperanza de que su lectura ayude a nuestros pueblos a entender esta trama que ha sido pensada para alejar al verdadero productor del alimento, de quienes lo consumimos, arrogándose los agronegocios el derecho (que ellos traducen como deber) de darnos de comer.
En el contexto de crisis global energética, económica y en pleno cambio climático, es para mi fundante que se admita que ha fracasado la OMC como propuesta de que el mercado globalizado solucionaba todos los problemas de la humanidad, concretamente con el objetivo de reducir a la mitad el hambre del mundo para el 2015, en concordancia con las metas del Milenio.
No menos importante es tomar conciencia de que es imposible apostar al crecimiento indefinido como salida a la crisis universal, ni siquiera en forma temporaria.
Si la sociedad logra niveles de sentido común que le permita este cambio de mentalidad, se encenderá una luz de esperanza sobre la humanidad y el destino de nuestro planeta.
En caso contrario, el modelo de agricultura de escala petróleo (o agrocombustibles–dependiente) para producir commodities de exportación, seguirá desplazando poblaciones rurales hacia las ciudades para vivir en creciente precariedad e inseguridad, creando un escenario de serio riesgo alimentario ante la mayor deforestación, creciente uso de monocultivos y paquetes tecnológicos con mayor uso de agrotóxicos que necesariamente llevan a la dependencia de alimentos de origen distante, de alto insumo energético en flete, embalaje y frío, ocasionando gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) y montañas de basura evitable.
La propuesta de la Vía Campesina en el ya mencionado comunicado sobre el G8 reunido en Italia es bien concreta: Las instituciones existentes de la ONU deberán estar en el centro de la solución de la crisis actual, no el Banco Mundial y el FMI representados por la Alianza Mundial. Cualquier política verdadera para poner en el centro a los campesinos, y la agricultura sostenible rechazaría la agenda de libre comercio y la alianza mundial y permitiría a los estados proteger los derechos de sus pueblos a trabajar y a alimentarse. Los campesinos, que representan cerca de la mitad de la población activa del mundo, son los primeros en ser afectados por el hambre y la desnutrición.
Esta visión de la realidad llevará a redescubrir el significado profundo del trabajo que, ante el creciente desempleo, nos plantea necesariamente la contradicción de considerar como sinónimos empleo y trabajo.
Resulta evidente que en el presente y futuro próximo no será posible generar más empleos. Sin embargo, sí es posible asignar trabajo para muchos en la producción de alimentos. Pero es
preciso reflexionar sobre cual es el valor que tiene en nuestra sociedad el trabajo y en especial el trabajar la tierra para la subsistencia.
No hace mucho podíamos leer sobre China como acicate a mayor producción de commodities: “…el aumento en la calidad de vida de la enorme masa de trabajadores urbanos salidos de la agricultura de subsistencia y “occidentalizados” prevé una mayor demanda en otro tipo de manufacturas y bienes durables” (La Nación, domingo 27 de agosto 2006.sec. 2 / Pág. 10).
Similares conceptos son frecuentes entre nosotros, y encierran la idea de que el “progreso” es un empleo urbano y que “obtener el pan con el sudor de la frente”, trabajando la tierra, es indigno.

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