Quizá sea inevitable comentar la importancia de la censura durante la época franquista que me tocó vivir como editor.
El procedimiento habitual en aquellos tiempos consistía en presentar los manuscritos originales, o libros extranjeros sin traducir, a la llamada "consulta voluntaria". El ministerio autorizaba la publicación, la "desaconsejaba", (eufemismo utilizado para la prohibición) o suministraba una lista de pasajes a suprimir.
Entre 1968 y 1969 me "desaconsejaron" 39 títulos. Comprobé que había una serie de temas particularmente tabúes: la revolución cubana, la china, el Mayo francés, la guerrilla urbana y, por descontado, cualquier alusión no canónica a la guerra civil, sus antecedentes y sus secuelas. Aunque la gama de prohibiciones era tan extensa como variopinta: también nos prohibieron los Cantos de Maldoror de Lautréamont o Sobre el Hachís   de Walter Benjamin.
En vista de estos procedimientos, que frustraban sistemáticamente buena parte del proyecto editorial, intenté una vía menos transitada por más peligrosa. Existía la posibilidad de presentar el libro ya editado al ministerio y quedar a la espera de la reacción. Una vez cumplido el plazo de un día por cada cincuenta páginas del libro, podía empezarse la distribución, a menos que en el intervalo se produjera el secuestro del mismo y el correspondiente proceso por el Tribunal de Orden Público.
El editor jugaba así más fuerte que con la "consulta voluntaria". Por una parte, arriesgaba el coste económico de la edición, pero por otra ampliaba el campo de maniobra.
En efecto, los libros "desaconsejados" quedaban silenciados ante la opinión pública. Por el contrario, los medios de comunicación, daban cuenta de los secuestros, lo que no favorecía la imagen del régimen. Por tanto, el ministerio prefería evitarlos, con lo que las arbitrariedades eran algo menos que flagrantes.
En Anagrama, gracias a la política de hechos consumados, de editar el libro sin preaviso, pudieron publicarse textos impensables, como puede verse recorriendo el catálogo de la editorial, a costa de unos cuantos tropiezos.
Tras un primer encontronazo en 1970, que culminó con el secuestro de Sobre política y lingüística de Noam Chomsky, se produjeron incidentes más gravosos. En el ministerio se llevaba a cabo una calculada política de secuestros reiterados para estrangular económicamente a las editoriales de izquierda, de financiación siempre precaria. Así cayeron, a finales de los setenta, la madrileña Ciencia Nueva o la catalana Edima, por citar dos casos paradigmáticos.
Anagrama se salvó a duras penas. En efecto, en 1971 tuvimos tres secuestros consecutivos. El primero fue Los tupamaros de Antonio Mercado y Jorge de Vera, una publicación bastante temeraria para la época, aunque, digamos que incomprensiblemente, Estrategia judicial en los procesos políticos de Jacques Vergés se publicó sin problemas después de haber sido "desaconsejado" al menos a dos editoriales, Cuadernos para el Diálogo y Península. El segundo era menos previsible: Conversaciones con Pier Paolo Pasolini de Jean Duflot. El tercero era disparatado: se trataba de un libro de dibujos, de humor a menudo críptico, Si usted no hace regalos le asesinarán , de un autor entonces desconocido, Vicente Verdú. Imagino que al estar prologado por Manuel Vázquez Montalbán y publicado por Anagrama, debió de inferirse que se trataba de una bomba de relojería de mecanismo indescifrable pero de propósitos indudablemente subversivos.
Tras esa expedición punitiva, la errática atención del ministerio debió de desviarse a otras áreas seguramente de mayor enjundia y los problemas se aminoraron.
Curiosa e inesperadamente, tuvimos nuestro período más problemático después de la muerte de Franco, con el gobierno de Arias Navarro. Entre noviembre de 1975 y enero de 1976 nos secuestraron nada menos que cinco libros: Chile bajo Pinochet de Claude Katz, Fragmentos de un discurso libertario de Max Abel (pseudónimo de José Ramón Capella), y en un solo mes, a modo de traca final, Debate sobre los consejos de fábrica de Antonio Gramsci y Amadeo Bordiga, La oposición obrera de Alexandra Kolontai y Jean Luc Godard y el grupo Dziga-Vertov: un nuevo cine político.

En un momento en que la llegada a la democracia parecía imparable, estos secuestros resultaban particularmente escandalosos, por lo que la combativa prensa de la época emprendió una amplia y enérgica campaña.
Además, un grupo de 22 editores de Barcelona, escribimos una carta de protesta al ministro de Justicia, Antonio Garrigues Díaz Cañabate, exigiendo el sobreseimiento de los procesos, a la que se adhirieron 18 editores madrileños.
Hubo asimismo cierta reacción internacional, muy en especial en Italia. Un grupo de 20 editoriales, entre las que figuraban Feltrinelli, Adelphi y Laterza, se coordinaron para enviar a Garrigues sendas cartas de protesta con idéntico texto.
El ministro de Información y Turismo, Adolfo Martín Gamero, recibió finalmente a una comisión de editores compuesta, si bien recuerdo, por Alonso Carlos Comín, Carlos Barral, Beatriz Moura, Pedro Altares, Faustino Lastra y yo mismo. Tras ese encuentro, a lo largo de los meses siguientes se fueron levantando tan peregrinos secuestros.
Por último, no hay que olvidar otro tipo de "censura", la que practicaban los grupos ultras, alentados o permitidos por el gobierno, con sus atentados a librerías progresistas. El percance más importante y de mayores consecuencias económicas fue el incendio provocado en 1974 en la sede de Distribución de Enlace.
El improbable lector interesado en el tema puede consultar el libro Diez años de represión cultural. La censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976) de Georgina Cisquella, José Luis Erviti y José A. Sorolla, publicado en julio de 1977, en una edición colectiva de varias editoriales que impulsamos dicho estudio, y que en 2002 hemos rescatado en nuestra colección "Crónicas".